UITA
Unificando los trabajadores agroalimentarios y de hostelería en todo el mundo
Combatir la Impunidad en Colombia
Incluido en el sitio web de la UITA el 12-Jun-2007Comparte este artículo con otras personas interesadas
Difícilmente pasa un día en Colombia sin que aparezca nueva evidencia que vincula las atrocidades paramilitares con el gobierno del Presidente Uribe. A medida que se exhuman nuevas sepulturas colectivas, los paramilitares "desmovilizados", protegidos por el gobierno, narran sobre el riguroso y sistemático entrenamiento que realizaron para el descuartizamiento de sus víctimas. Si bien la cadena de mando aún tiene que implicar directamente a Uribe, se han identificado suficientes oficiales de mayor grado para documentar una densa red de impunidad cuyo cuartel general es la presidencia.
Si bien los voceros del gobierno describen, inevitablemente, la horrorosa violencia de Colombia como una tragedia nacional que afecta a todos los sectores de la sociedad, un grupo en particular ha sido blanco constante de los asesinos. Los sindicatos de Colombia ofrecen un modelo de organización social basada en la solidaridad democrática en una sociedad arruinada por la pobreza, la exclusión y la violencia. Esta es razón suficiente para provocar disparos desde cualquiera de los múltiples frentes existentes en esta guerra civil colombiana. Con el asesinato, a comienzos de este año, de Carmen Cecilia Santana Romaña, una dirigente nacional del sindicato de trabajadores rurales SINTRAINAGRO, cuyos miembros cosechan las bananas colombianas que se venden en los supermercados, ya son 435 los miembros y dirigentes asesinados pertenecientes a este sindicato. Más de 2.200 sindicalistas fueron asesinados en el período 1991 a 2006. El número de sindicalistas asesinados fue mayor en el 2006 que en el 2005 y la cantidad de sindicalistas asesinados en ambos años, excedió la cifra total de los asesinados en todos los demás países del mundo en su conjunto.
Sólo un puñado de estos crímenes fue investigado; un número menor resultó en procesamientos y otro, menor aún, en condenas. En Colombia, la impunidad es una forma de vida.
El Departamento de Derechos Humanos de la central sindical nacional CUT celebró recientemente la primera reunión nacional en su historia en apoyo de las víctimas y de los familiares sobrevivientes de la reconcentrada violencia que se ha estado dirigiendo contra las organizaciones sindicales del país.
CUT advierte, que a menos que se protejan los derechos de las víctimas no habrá paz, justicia ni desagravio. Las víctimas de la violencia antisindical deben ser claramente identificadas como tales y "los perpetradores materiales e intelectuales" de todos los actos de violencia deben ser sistemáticamente identificados y procesados. Se debe brindar a las familias de las víctimas "una reparación completa, justa y efectiva", declaró CUT, así como plena y efectiva protección, como asunto de política nacional.
La CUT resolvió crear una cadena nacional de grupos de trabajadores y de derechos humanos en apoyo a estas reclamaciones fundamentales y recurrir para su implementación al apoyo del movimiento sindical internacional y a la Organización Internacional del Trabajo y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Estos últimos son dos de los organismos internacionales de los que el gobierno de Uribe se burla constantemente.
El Plan Colombia de la administración Bush proporciona apoyo masivo a un aparato militar y de seguridad cuyos vínculos con los paramilitares están siendo documentados a diario. El Plan Colombia une la impunidad institucionalizada con la fumigación aérea en una "guerra a las drogas" que experimentan los agricultores y campesinos colombianos como un ataque indiscriminado contra sus tierras y medios de vida. La Ley Paz y Justicia de Uribe proporciona inmunidad a los asesinos que cambiaron sus trajes de fajina paramilitares por vestimentas civiles. Ni el Plan Colombia ni "Paz y Justicia" suministran una vía de escape para los colombianos que están hastiados de la violencia.
Las propuestas de CUT, por otro lado, desafían y confrontan la impunidad que apoya y sustenta la continuación de la masacre. Abren el camino a una más amplia movilización contra el temor y la violencia institucionalizada y merecen el respaldo de todos los que apoyan la larga y difícil lucha por la democracia en Colombia.