UITA
Unificando los trabajadores agroalimentarios y de hostelería en todo el mundo
Conflicto en Suecia subraya la necesidad de legalizar la acción solidaria
Incluido en el sitio web de la UITA el 31-May-2007Comparte este artículo con otras personas interesadas
En noviembre del 2004, el sindicato sueco de trabajadores de la construcción, Byggnads, realizó piquetes ante una obra edilicia de una escuela en Vaxholm, cerca de Estocolmo. Una subsidiaria de la compañía Laval de Letonia había ganado el contrato de la autoridad local y patrocinaba a los trabajadores de Latvia quienes, siendo miembros sindicales, cobraban una fracción del salario estándar negociado por Byggnads para el sector. Con el apoyo del movimiento laboral sueco en su conjunto, el bloqueo sindical finalmente obligó a la compañía a tirar la esponja y el contrato fue otorgado a una compañía que aceptó los niveles de salarios establecidos en el convenio colectivo.
La contienda se desplazó desde la línea del piquete al escenario político, cuando el gobierno de Letonia imputó que Suecia estaba violando los estatutos de la UE relativos a la libre circulación de servicios y la compañía demandó a la organización sindical ante la Corte de Trabajo de Suecia. El Comisionado de la UE para el Mercado Interno, Charlie McCreevey, intensificó el conflicto al denunciar que la acción sueca era un asalto intolerable contra el mercado único. La intervención de McCreevey dividió en efecto a la Comisión Europea en dos bandos: por un lado, reflejando la oposición de los empleadores europeos (incluyendo los de Suecia y Letonia), quienes insistieron acerca de la primacía del mercado único sobre los convenios colectivos nacionales. Por otra parte, el movimiento sindical europeo defendió la compatibilidad de las negociaciones nacionales de salarios con la circulación del capital, el trabajo y los servicios a través de toda la UE.
La Corte de Trabajo, revirtiendo su fallo anterior en favor de la organización sindical, elevó el caso a la Corte Europea de Justicia. Actualmente el Abogado Defensor General de la Corte ha emitido su recomendación a la Corte, cuyas decisiones generalmente adoptan las recomendaciones del Abogado Defensor (no se espera la decisión final de la Corte Europea hasta fines del 2007 por lo menos, en cuyo momento también se aguarda que la Corte de Trabajo dicte su decisión final). Según la recomendación, la acción laboral de Byggnads guardó conformidad con la jurisprudencia de la UE: las organizaciones sindicales pueden adoptar acciones para imponer un convenio colectivo sobre los trabajadores/as temporarios de otro estado miembro "si la acción colectiva es motivada por objetivos de interés público, tales como la protección de los trabajadores/as y la lucha contra el dumping social".
Sin embargo, la victoria sindical, no es incondicional. Existe un potencial sinsabor venenoso en la recomendación, que expresa que las acciones no deben ser "desproporcionadas" con el objetivo. Sin duda, los empleadores suecos y sus aliados europeos procurarán refutar que la acción de Byggnads fue de hecho "desproporcionada" – la asociación de empleadores de Suecia ha realizado duras campañas contra la acción laboral "desproporcionada", incluso la acción secundaria (de solidaridad), en sus esfuerzos para desmantelar los fuertes convenios nacionales.
La lucha abarca más allá de los trabajadores/as de Suecia o de Letonia. La circulación sin precedentes del capital a nivel mundial y en la Unión Europea – simbolizada por la florecimiento del capital de riesgo y los fondos de capital riesgo/inversión que colectivamente empequeñecen a las economías nacionales de muchos estados miembro de la UE – ha constituido una fuerza fustigadora que socava la protección de los trabajadores/as y el interés público mundial. El hecho de anclar firmemente en la jurisprudencia de la UE el derecho de los sindicatos a efectuar acciones laborales, incluso acciones solidarias por parte de trabajadores/as que no están directamente involucrados en un conflicto de negociación colectiva, otorgaría fuerza judicial a un acto esencial de auto-defensa social. El caso de Vaxholm debería ser la señal para proponer, al más alto nivel de la agenda sindical europea y mundial, una campaña con el propósito de legalizar las acciones de solidaridad dentro y a través de las fronteras nacionales.