UITA
Unificando los trabajadores agroalimentarios y de hostelería en todo el mundo
Presiones para mantener la sobre explotación en China
Incluido en el sitio web de la UITA el 20-Dec-2006Comparte este artículo con otras personas interesadas
En el segundo trimestre del 2006, el gobierno de China propuso un Proyecto de Ley sobre Contratos Laborales, invitando a los comentarios públicos por un período de 30 días. Las Cámaras de Comercio de EE.UU. y de la Unión Europea y el Consejo Comercial EE.UU.-China – que representan a casi todos los inversores importantes en China, con sedes en EE.UU. y la UE – respondieron individualmente con un extenso inventario de objeciones. Hace tiempo que concluyeron los 30 días, pero ello no ha desalentado a las asociaciones y a cada uno de sus miembros a cabildear agresivamente para eliminar la legislación propuesta. En algunos casos, la presión de las grandes empresas ha sido acompañada por amenazas de retirarse de China si el proyecto se convirtiera en ley. Como lo consignó por escrito la Cámara Americana de Comercio en Shanghai en su comentario público sobre la ley, ésta "tendría un impacto negativo sobre la competitividad y la atracción de la República Popular China (RPC) como un destino para la inversión extranjera". Se dice que algunas grandes compañías han sido más contundentes y más directas.
Ya hace mucho que los trabajadores/as de todo el mundo están familiarizados con compañías que los intimidan con tercerizar o clausurar la planta completamente e instalarla en China. ¿Qué es lo que ahora induce a estas mismas compañías a amenazar con el retiro de sus inversiones de China? Global Labor Strategies (www.laborstrategies.org), la organización que primero informó sobre la ofensiva corporativa, advierte correctamente que la legislación propuesta "no proporcionará a los trabajadores/as chinos el derecho a constituir sindicatos independientes con dirigentes de su propia elección y el derecho a la huelga. Pero las grandes compañías extranjeras no están atacando la legislación debido a que proporciona demasiada poca protección a los trabajadores/as, sino porque les brinda demasiada. En efecto, la propuesta de ley bien podría incitar a los trabajadores/as a organizarse para reclamar el cumplimiento de los derechos que ofrece".
¿Qué contiene la propuesta de ley que ha agitado tanto a la sensibilidad de las grandes compañías? La legislación que se propone amenaza frenar – por lo menos en el papel – algunos de los principales abusos que han contribuido tan efectivamente a preservar la pobreza de los trabajadores/as chinos, es decir, las prácticas que han servido como un imán para los niveles sin precedentes de inversión extranjera directa. Con la nueva ley, los millones de trabajadores/as que actualmente no tienen ningún tipo de contrato de empleo estarían habilitados a tener uno y, por consiguiente, a los derechos que esto implica. Los períodos de prueba virtualmente ilimitados que han sido utilizados para mantener a los trabajadores/as en un estado de precariedad permanente serían sustituidos por un período de no más de 6 meses. Los trabajadores/as ya no serían pasibles de costos putativos de “adiestramiento” al cambiar de empleo; se introduciría la indemnización por despido para aquellos trabajadores/as cuyos contratos por un período fijo no son renovados (la Cámara Americana de Comercio halló esto "sumamente irrazonable”); los trabajadores/as temporarios reclutados a través de agencias de colocaciones pasarían a ser permanentes después de un año; las cesantías serían puestas en ejecución sobre la base de la antigüedad (la Cámara Americana de Comercio atacó este punto como "discriminador" [sic]). También el proyecto de ley estipula que las prácticas en el lugar de trabajo –incluyendo la salud y la seguridad, las cesantías y los despidos—deberían ser negociadas con un sindicato o un "representante de los empleados".
En resumen, el proyecto de ley establecería un modesto conjunto de mínimas normas de empleo. Los sindicalistas se han mostrado por mucho tiempo cautelosos acerca del término "representación de los empleados", el cual puede y de hecho abre el camino para los sindicatos amarillos dominados por los empleadores. Y aunque no existen organizaciones sindicales independientes en China, lo que evidentemente ha enfurecido a los inversores es la posibilidad de ceder siquiera una mínima fracción de sus derechos a gobernar el lugar de trabajo a su antojo.
Si bien los derechos en el lugar de trabajo son solamente tan fuertes como las organizaciones sindicales que aseguran su cumplimiento, la institución mediante una ley de dichas normas básicas de empleo --tales como el derecho a un contrato o a la indemnización por despido-- podría otorgar a los trabajadores/as chinos un recurso importante para organizarse a fin de exigir estos derechos. El nivel sin precedentes de protestas de los trabajadores/as en China, donde las huelgas colectivas y las manifestaciones se han convertido en un hecho regular semanalmente e incluso a veces diariamente, demuestra la creciente auto-confianza y la capacidad de organización de la clase trabajadora china. Es en este contexto que el capital transnacional está promocionando férreamente sus intereses para aniquilar la nueva ley.
En todo el mundo, las organizaciones sindicales comparten un interés vital para derrotar esta ofensiva de las grandes compañías. Un primer paso esencial consistió en exponer la campaña de cabildeo. Los sindicatos estadounidenses han dado la alarma y un grupo de representantes del Congreso han exhortado al Presidente Bush a repudiar públicamente los esfuerzos de los representantes corporativos y gubernamentales de EE.UU. que procuran debilitar o descarrilar la legislación, así como respaldar oficialmente normas legales mínimas más eficaces para los trabajadores/as chinos.
En forma similar, las organizaciones sindicales de Europa deben afanarse para exponer las actividades de los grupos de presión de las transnacionales con sedes en la UE e impulsar la acción política a nivel nacional y comunitario. Los políticos – y en particular aquellos de los Ministerios de comercio e industria – deben ser desafiados públicamente para reconciliar su cabildeo sórdido en favor del mantenimiento de las condiciones de explotación obrera con sus afirmaciones ideológicas en pro de la misión civilizadora del comercio liberalizado y los flujos de inversiones. Secundando la iniciativa en el congreso de EE.UU., las organizaciones sindicales europeas pueden reclamar que los gobiernos nacionales y la Comisión Europea repudien los esfuerzos corporativos destinados a diluir o eliminar la legislación. Los sindicatos pueden presionar a los empleadores transnacionales presentes en China para que divulguen públicamente su posición –así como sus actividades afines-- sobre el proyecto de ley relativo a los contratos y exigir que la Cámara de Comercio de la UE renuncie a su oposición y cambie inmediatamente de rumbo.
Quizás las organizaciones sindicales quieran investigar la posibilidad de acción ante la OCDE, contra las grandes compañías que continúan sus actividades de oposición a la ley. El Artículo IV de las Directivas para Empresas Multinacionales de la OCDE expresa, entre otras cosas, que los empleadores multinacionales deben "cumplir normas de empleo y relaciones laborales no menos favorables que las respetadas por los empleadores comparables en el país anfitrión". Las Directivas de la OCDE también prescriben que los empleadores se abstengan de "intervenir impropiamente en las actividades políticas locales". Actualmente las grandes compañías con sede en la UE están presionando al gobierno de China para que elimine las normas mínimas que, en su mayor parte, rigen hace mucho en el derecho europeo, empezando con el derecho a un contrato de empleo. Los grupos de presión deben ser desafiados en todos los ámbitos posibles.
Los procedimientos legislativos chinos son sombríos en el mejor de los casos, pero el Proyecto de Ley sobre Contratos Laborales podría ser puesto en vigencia en marzo del 2007. Éste es el momento para actuar.