En 1998, los opositores de la globalización empresarial se anotaron una importante victoria cuando el texto del propuesto Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) en la OCDE fue publicado en la Internet. Ciertos gobiernos clave se vieron en la embarazosa situación de retirar su apoyo a lo que fue ampliamente (y correctamente) percibido como una carta de derechos ilimitados a las inversiones transnacionales. Sin embargo, los partidarios empresariales del AMI, nunca abandonaron el proyecto. Entre otros lugares, ha resurgido en las medidas de inversión propuestas en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que ampliará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) para incorporar a los países de América del Sur, América Central y el Caribe. Y está prosperando en la OMC.

Las secciones sobre "Comercio e Inversión" adoptadas como parte de la “Ronda de Desarrollo Doha” de la OMC, promueven la adopción de una carta general, de vasto alcance, tipo AMI, de los derechos del inversor multinacional dentro de la OMC. Ahora, documentos confidenciales preparados por la Comisión Europea para definir la posición de la Unión Europea en las negociaciones de la OMC sobre el comercio de servicios (GATS) nos dan una idea de lo que el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, más conocido como GATS) probablemente provocará si no se restringen los apetitos empresariales. Estos documentos trascendieron el 16 de abril y se encuentran disponibles en inglés en Gatswatch.

Los documentos establecen una serie de demandas, aún incompleta, que la UE planea hacer a 29 estados miembros, ricos o pobres, de la OMC. Estas exigencias, expresadas en el lenguaje burocrático de la OMC, esencialmente constituyen una única propuesta: los servicios, incluida el agua, la energía, transporte, comunicaciones y viajes y turismo deben ser puestos en la plataforma de subastas empresariales y debe ser abolida la legislación nacional que protege estos sectores de la total invasión de las empresas. En el paquete de “servicios ambientales" se incluye, entre otras cosas: "acopio de agua, servicios de purificación y distribución mediante tuberías maestras, manejo de desperdicios sólidos o peligrosos, servicios de eliminación de residuos, saneamiento y protección similar del aire y clima circundantes, servicios para reducir el escape de gases y otras emisiones y mejorar la calidad del aire, recuperación y limpieza de suelo y agua, tratamiento y recuperación del suelo contaminado, protección de la biodiversidad y el paisaje" y otros “servicios ambientales y auxiliares".

Estas exigencias son indicadores que señalan el camino hacia un mundo en el que las empresas administrarán sistemas de abastecimiento de agua - totalmente privatizados - para la industria, agricultura y consumidores. Agua de propiedad empresarial regará campos cultivados con semillas transgénicas. Los “servicios ambientales” empresariales le cobrarán a los gobiernos por limpiar los desperdicios tóxicos, incluida la contaminación generada por las compañías transnacionales. Los servicios médicos privados tratarán a las víctimas y a los enfermos que puedan pagarlos. Los “servicios de educación” empresariales sustituirán a la enseñanza pública.

¿Inverosímil? Bajo el Capítulo 11 del TLCAN, la UPS está demandando al gobierno de Canadá por mantener, de hecho, un sistema postal público. El litigio es un desafío a la idea misma de un sector público. Y el Capítulo 11 del TLCAN, que ha sido utilizado para derribar la legislación ambiental orientada a proteger la salud pública en los tres países firmantes, fue el modelo para el AMI y la inspiración de gran parte de lo que indudablemente surgirá de las propuestas de inversión de la Ronda Doha de la OMC.

Los pleitos judiciales inversor contra estado, que han sido utilizados con efecto devastador mediante el TLCAN, pueden no figurar en las nuevas normas de inversión de la OMC, aunque esta posibilidad no puede excluirse. Lo cierto es que la protección radical para los inversores transnacionales puede ser incorporada a través del GATS. Las normas del TLCAN estipulan que la legislación transnacional debe tener "las menores restricciones al comercio". Los negociadores europeos del GATS, por otro lado, han adoptado propuestas empresariales en favor de una ampliada "prueba de requisitos esenciales" que requeriría que los estados miembros demuestren que las reglamentaciones orientadas a la protección del interés público no son "más gravosas que necesarias" para los inversores. La conclusión dispone: todas las medidas que aumenten los costos operativos de negocios son potencialmente vulnerables a impugnaciones de los inversores y, por lo tanto, susceptibles de ser anuladas por la OMC. Con normas GATS como estas no hay necesidad de engorrosos litigios inversor contra estado: los gobiernos habrán renunciado de antemano a cualquier reclamación para defender el interés público.

En tanto los gobiernos de la UE y los burócratas comerciales bregan para contener los daños e identificar el origen de la “filtración de documentos”, los sindicatos pueden extraer varias lecciones de este episodio de la actual historia de diplomacia comercial secreta. Primera entre ellas está el reconocimiento de que los gobiernos, ya sea nacionales o supranacionales, no comercian. Las compañías comercian y los apetitos empresariales hoy en día no reconocen fronteras ni saben de límites. La UE reivindica encarnar un compromiso para el “desarrollo sostenible”. La posición negociadora de la UE en las conversaciones del GATS sugiere lo contrario. Un mayor acceso al mercado de los países en desarrollo, a través del paquete comercial “todo menos las armas” promovido por el Comisionado de Comercio, Pascal Lamy, aparentemente conlleva un elevado precio, mejor descrito como "todo en la plataforma de subastas".

Segundo, la movilización popular mató al AMI, pero no lo liquidó del todo. Sindicatos y organizaciones aliadas tendrán que escudriñar las conversaciones del GATS y mantenerse en intenso estado de alerta para garantizar que el AMI no entre a hurtadillas por la puerta posterior del GATS.

Igualmente importante, los sindicatos a nivel internacional necesitan elaborar y luchar para implementar una visión alternativa del comercio mundial en el cual el comercio esté sujeto al desarrollo democrático y a la satisfacción de las necesidades humanas en lugar de al lucro privado. Las amenazas como las propuestas del AMI y el GATS, que entregarían hasta los recursos genéticos, aire y agua del mundo al mayor postor empresarial, continuarán resurgiendo hasta que la lógica de la solidaridad sustituya a la lógica de las juntas directivas, y los derechos tengan precedencia sobre las ganancias.