UITA
Unificando los trabajadores agroalimentarios y de hostelería en todo el mundo
Nuevas reglas, el mismo juego en las negociaciones sobre servicios de la OMC
Incluido en el sitio web de la UITA el 05-Oct-2005Comparte este artículo con otras personas interesadas
En la Ronda de Doha, Europa no tiene un interés ofensivo más importante que los servicios. [Comunicado de prensa del Foro Europeo de Servicios, Bruselas, 31 de mayo del 2005].
Existe acuerdo entre todos los gobiernos de que en la nueva ronda de negociaciones se mantendrán la libertad de decidir la liberalización de cualquier servicio determinado y el principio de liberalización progresiva. No existe obligación de realizar compromisos bajo el AGCS (en inglés GATS). [De “AGCS – Hechos y ficción”, un folleto de la OMC.]
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) es uno de los pilares de la OMC, conjuntamente con los acuerdos sobre agricultura y propiedad intelectual (ADPIC). El AGCS crea una estructura para habilitar por la fuerza una amplia variedad de servicios a los inversores extranjeros. Según las normas del AGCS, una vez que se habilita un sector no existe vuelta atrás. Poner en marcha el AGCS es considerado crucial para la actual ronda de negociaciones de la OMC. Pero las negociaciones están empantanadas, avanzando tan lentamente que el anterior Director de la OMC Supachai Panitchpakdi lamentó periódicamente la falta de “más ofrecimientos y de mejor calidad”.
"Más ofrecimientos" significa que mayor cantidad países ofrecen más sectores de servicios al martillo de subastas empresarial. “Mejor calidad" significa que se espera que los gobiernos realicen ofertas concertadas que creen acceso adicional a sus mercados de servicios, más allá del actual acceso. Las ofertas de “más y mejor calidad” implican que los gobiernos renuncien a su derecho y a su obligación de regular servicios que generalmente se consideran pertenecientes a la esfera de regulación pública, porque son de interés público esencial.
Las negociaciones han progresado poco porque hasta la fecha han sido enmarcadas en un proceso de opción “voluntario” y “selectivo”. Según las actuales normas del AGCS, se exige a los gobiernos poner sobre el tapete sólo determinados servicios para su habilitación y, abiertamente, pueden decidir no hacerlo. Mali, por ejemplo, puede habilitar el suministro de agua a transnacionales con base en la UE, permitiéndoles operar bajo las mismas condiciones que las compañías nacionales. Esto se conoce como “no discriminación". Esto, a su vez, le otorga a las transnacionales con sede en Mali el derecho de invertir en servicios hídricos europeos si decidieran hacerlo, creando así “un campo de juego equitativo” para los inversores.
En el mundo real, por supuesto, esto ignora las múltiples grandes presiones que los países en desarrollo – casi todos ellos fuertemente endeudados – sufren en sus relaciones con las instituciones financieras internacionales. Los países en desarrollo enfrentan la muy real amenaza de perder acceso a los mercados financieros globales si no logran reducir radicalmente el gasto en servicios públicos, como salud y educación, así como entregar sus mercados de servicios a los inversores extranjeros. Cumplir con estas exigencias, que generalmente van acompañadas por demandas de una mayor liberalización del mercado laboral, se conoce como "buen ejercicio del poder". Un buen ejercicio del poder mantiene el valor de las carteras globales de inversión y tiene como consecuencia el otorgamiento de puntos en el nuevo índice de clasificación del Banco Mundial para los gobiernos “favorables al comercio”.
Dada la desastrosa experiencia sufrida con la mayoría de las privatizaciones de servicios tanto en países ricos como pobres, los gobiernos están cada vez más renuentes a entregar sus servicios. Los levantamientos populares como la revuelta contra la privatización del agua que llevó a Bolivia al borde de la Guerra civil, o el distanciamiento de Argentina con la compañía que secuestró el suministro de agua en Buenos Aires, no son algo que la mayoría de los gobiernos esté dispuesto a arriesgar. Por lo tanto, las negociaciones del AGCS no han brindado los resultados deseados, empujando a las empresas y sus instrumentos de lobby (como el Foro Europeo de Servicios) a la ofensiva, empujando a su vez a los gobiernos a adoptar la dilatada agenda empresarial en las negociaciones comerciales.
Una manifestación es el impulso en favor de acuerdos comerciales bilaterales y regionales con extensas disposiciones para la liberalización de servicios. Estas brindan a los inversores lo que ellos no han logrado obtener hasta ahora a través del AGCS. Pero un acuerdo internacional, a través de la OMC, sería el premio máximo, porque establece un marco global obligatorio que a su vez puede ser extendido mediante nuevos acuerdos bilaterales. De modo que el proceso del AGCS – con sus pautas de negociación ya barajadas en favor de los inversores – deberá ser forzado con el fin de mejorar la “calidad” de las ofertas. Esto se llama volver a encaminar la “ronda de desarrollo”.
Sin embargo, un cambio explícito de las normas de la OMC es una empresa de riesgo. Se requiere acuerdo consensuado, un proceso lento y engorroso para una institución que ya sufre una grave crisis de credibilidad. He aquí las seis propuestas – inicialmente de la UE y luego de Japón, Australia, Corea, Taiwán y Suiza – que recientemente fueron presentadas para las negociaciones del AGCS.
Estas abolirían la naturaleza bilateral “solicitud-ofrecimiento” del proceso, privando a los estados miembro de la OMC de la libertad de decidir qué sectores de servicios (si los hay) eligen habilitar y a qué ritmo, y reemplazarlos con amplias estipulaciones obligatorias. El nuevo nombre para esto es "benchmarking” o "enfoques complementarios". Los requisitos para el benchmarking comprometerían a los países a habilitar en forma simultánea un número mínimo de sectores y subsectores, y vincular esto a la promesa de mayor liberalización. Los requisitos regulatorios fundamentales – como límites al capital extranjero y distinciones entre proveedores de servicios nacionales y extranjeros – podrían ser radicalmente reducidos o eliminados.
Los sindicatos ya están familiarizados con el benchmarking para el desempeño en el lugar de trabajo, el proceso por el cual las empresas establecen normas de productividad y hacen competir las unidades nacionales con las internacionales para alcanzar y superar estos requisitos. El resultado es la intensificación de la competencia entre trabajadores y una presión competitiva descendente sobre la remuneración y las condiciones laborales.
Actualmente, se está introduciendo una acelerada carrera en descenso en las negociaciones de servicios. El benchmarking en el AGCS significa mayor competencia para habilitar más servicios a los inversores y mayor presión para liberalizar. Expresa en forma explícita lo que los críticos siempre han señalado como el objetivo final del proceso AGCS: una contienda general para las compañías transnacionales.
Debido a su ambicioso alcance, las negociaciones del AGCS tendrán un impacto de profundo alcance sobre la sociedad y el movimiento laboral en su totalidad, incluidos los miembros de la UITA (ver La amenaza del AGCS a la Alimentación y la Agricultura, para un análisis del impacto sobre el sistema alimentario . Por lo tanto, la UITA se ha unido con otros sindicatos internacionales, incluida la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Federación Internacional de los Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), y con organizaciones de la sociedad civil movilizadas en torno a temas de comercio e inversión, para exponer y condenar estas propuestas. Se ha enviado una declaración conjunta al jefe Lamy de la OMC y al presidente de las negociaciones de servicios reclamando un claro rechazo al benchmarking.
El texto completo se encuentra disponible en el sitio web de ISP (sólo en inglés), y exhortamos a todos los sindicatos a hacer uso del mismo para comunicar su oposición a sus gobiernos y a sus negociadores comerciales nacionales. Los mercados de servicios, como todos los mercados, deben estar regulados por el gobierno en interés del público. El AGCS, debido a que es general, procura disminuir radicalmente y aún eliminar esa función en todos los servicios, públicos y privados. El proceso debe ser detenido ahora antes de que progrese más.