Sobre el tema clave de la integración de las normas laborales fundamentales en las normas y procedimientos de la OMC, la Declaración Ministerial meramente "reafirmó" su ambigua declaración realizada en la Conferencia de 1996 en Singapur y "tomó nota" del “trabajo en curso" en la OIT. En suma, el derecho de los trabajadores de todas partes, a defenderse a sí mismos mediante la organización colectiva queda completamente fuera de las normas que rigen el comercio mundial. La afiliación de China a la OMC, que eventualmente llegará a ser considerada como el evento crucial en Doha, sirve como triste recordatorio de que la OMC no permanece meramente silenciosa sobre este asunto. El acceso de China debe ser considerado como una reafirmación del derecho limitado de los estados miembros de la OMC a reprimir a los/as trabajadores/as y elevar el antisindicalismo al nivel de política nacional.

La declaración de la conferencia sobre derechos de propiedad intelectual y la crisis sanitaria global de salud pública/SIDA hace poco más que codificar prácticas existentes y concede que los países más pobres del mundo y aquellos que no poseen capacidad para manufacturar medicamentos no saldrán beneficiados. La sección sobre "Comercio y Medio Ambiente" (dirigida a "aumentar la mutua capacidad de apoyo entre comercio y medio ambiente") solicita se realicen negociaciones sobre "la reducción, o, según corresponda, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias a los bienes y servicios ambientales", vale decir, ofrecer los recursos naturales al mejor postor empresarial. Las secciones sobre "Comercio e Inversión" impulsan el cambio hacia una carta de derechos del inversor multinacional, general, tipo AMI, de vasto alcance, dentro de la OMC. Y el vago lenguaje utilizado sobre la reducción de subsidios para las exportaciones agrícolas no contiene compromisos concretos ni calendarios específicos.

La OMC describe la nueva ronda de negociaciones comerciales aprobada en Doha como "amplia y equilibrada". Es difícil no estar de acuerdo con esta opinión, siempre y cuando la tratemos como un amplio y equilibrado aumento del poder empresarial a expensas de los derechos sindicales y democráticos. Estos beneficios para los inversores transnacionales surgen a expensas del derecho de las naciones a ejercer un control democrático sobre sus modelos de desarrollo y sus recursos alimentarios, del derecho humano a alimentos y medicinas y del derecho a proteger el medio ambiente de la expoliación empresarial.

A pesar de lo expresado sobre "arduas concesiones", la conferencia de Doha obtuvo logros sustanciales para la agenda empresarial y pocos para nosotros. Si tuvimos algún logro mínimo sobre el cual se podría basar el progreso futuro, éste está contenido en el párrafo 31 de la Declaración Ministerial, que aprueba la realización de negociaciones en la próxima ronda comercial sobre "la relación entre normas existentes de la OMC y obligaciones comerciales específicas establecidas en acuerdos ambientales multilaterales (MEAs)". En otras palabras, los acuerdos internacionales sobre el medio ambiente pueden, en ciertas circunstancias, tener preponderancia sobre las normas que rigen el comercio global.
Sin embargo, no hay razón alguna, para considerar que el interés común limita sus prioridades al medio ambiente. ¿No deberían también tener prioridad sobre las reglamentaciones de la OMC, por ejemplo, la seguridad en el lugar de trabajo y la de los consumidores, o el derecho de los/as trabajadores/as a organizar sindicatos independientes, o el derecho de administrar los recursos genéticos o ambientales y los servicios públicos, en beneficio de todos? En otras palabras, el comercio global debe estar regulado en interés de la sociedad en su conjunto. Y eso significa continuar atrincherándose en pos de una movilización continua de todo el movimiento laboral internacional, con el fin de impugnar la legitimidad de las actuales normas e instituciones que rigen el comercio mundial e implementar nuestro propio programa.