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Llamado de protesta contra el reglamento de emergencia en Filipinas

Incluido en el sitio web de la UITA el 28-Feb-2006

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El siguiente llamamiento fue emitido por la Alianza del Trabajo Progresivo, la Red sobre Educación e Investigación Laboral (Labor Education and Research Network -LEARN) y la Red Global (Filipinas), luego de la proclamación del reglamento de emergencia el 24 de febrero por parte de la Presidente Arroyo de Filipinas. La UITA se ha dirigido por escrito a las autoridades filipinas para reclamar un cese inmediato a todas las medidas de emergencia. Exhortamos a dar a este llamado la más amplia difusión.

Cómo Arroyo eliminó el espíritu del Poder Popular 20 años después

Estimados amigos, colegas y compañeros:

A primeras horas de la mañana de la víspera del vigésimo aniversario de la revolución del Poder Popular en las Filipinas, el día 24 de febrero del 2006, la Presidente Gloria Macapagal-Arroyo declaró un Estado de Emergencia Nacional. Arroyo emitió el 'estado de emergencia' bajo la Proclamación 1017, aduciendo estar en marcha una conspiración para derrocar el gobierno por parte de los militares, los políticos opositores y los rebeldes comunistas.

Esta declaración se convirtió en el encubrimiento de la autoridad para que el gobierno y los militares dispersaran violentamente todas las manifestaciones civiles celebradas ayer en conmemoración de la revolución del Poder Popular en 1986. La policía y los militares arrestaron sin orden judicial a manifestantes, sindicalistas, militantes políticos y legisladores de la oposición dentro de las 24 horas del pronunciamiento del estado de emergencia. Un diario de la oposición fue también allanado y confiscado por la Policía Nacional de Filipinas (Philippine National Police - PNP) sin ningún documento legal para registrar el local o ninguna explicación para justificar la expropiación. Arroyo, al proclamar el estado de emergencia, alega que ello le da poderes para hacerse cargo de los servicios públicos, incluyendo las empresas de los medios de difusión, así como autorizar a los militares a arrestar sin órdenes judiciales y detener a los líderes de la oposición que ella consideraba peligrosos para el interés público.

No obstante, varias opiniones y análisis jurídicos de abogados expertos en derechos humanos se opusieron a esta proclamación como infundada e inconstitucional. En un estado de emergencia nacional, no se le otorgan poderes adicionales al Presidente a menos que el país experimente un estado de "violencia anárquica, invasión o rebelión". Definitivamente, estos motivos no existen, y de ahí la ausencia de legitimidad de esta promulgación. La proclamación de Arroyo solamente incrementó las amenazas a la democracia, al restringir los derechos políticos básicos del pueblo y reprimir la libertad de expresión y el disentimiento. Antes de que la situación se empeore, estamos exhortando a Arroyo a retirar la declaración y cesar los arrestos sin órdenes judiciales de la oposición política.

Por otra parte, el gobierno en confabulación con los militares ha emitido el Mandato General Nº 5, una directiva dirigida a los militares y a la policía para que sofoquen la anarquía y restauren la paz y el orden. Este mandato, sin embargo, está siendo actualmente interpretado por las autoridades gubernamentales y los militares para proscribir todos los mítines políticos y las manifestaciones públicas. Irónicamente, un Mandato General Nº 5 similar fue lanzado durante la dictadura de Marcos, declarando ilegales las manifestaciones o los mítines públicos y pacíficos. Estas directivas gubernamentales señalan los paralelismos con la época de la dictadura, cuando el gobierno utiliza todos los medios represivos para eliminar los derechos democráticos del pueblo sólo a los efectos de prolongar su ilegítima supervivencia política.

Como socios y compañeros nuestros en la lucha por la democracia y los derechos sindicales, les encarecemos se unan a nosotros para condenar al gobierno de Arroyo en su promulgación del estado de emergencia. En particular, les instamos a ejercer presión política sobre sus respectivos gobiernos, de manera que no apoyen la declaración de la Presidente Arroyo. Asimismo, les exhortamos a manifestar su respaldo por la democracia, reclamando al gobierno filipino a retirar la declaración del estado de emergencia. Les rogamos, estimados compañeros, apoyar la lucha por los derechos democráticos y sindicales, no solamente en Filipinas, sino también en todos los rincones del mundo.