UITA condena nueva violencia en conflicto azucarero de Filipinas

Incluido en el sitio web de la UITA el 08-Nov-2005

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La violencia continúa acechando el conflicto de un año de duración existente en el complejo azucarero – plantación e ingenio – Hacienda Luisita. El pasado año la UITA protestó ante las autoridades filipinas a raíz de un ataque contra trabajadores/as azucareros en huelga, fuera de la plantación. Este ataque fue llevado a cabo por hombres fuertemente armados y unidades policiales matando a 7 trabajadores e hiriendo a otros 36 (antecedentes aquí). La UITA exigió inmediata acción judicial y una exhaustiva investigación policial.

Hasta la fecha, no se han levantado cargos contra persona alguna. En marzo, el Tribunal de Apelaciones de Filipinas sostuvo la intervención (de acuerdo con la legislación de la dictadura de Marcos) del Departamento de Trabajo y Empleo que hacía cumplir una orden de retorno al trabajo y autorizaba el despliegue de unidades policiales y militares en la zona de huelga.

El 25 de octubre, Ricardo Ramos, dirigente del sindicato de trabajadores, fue baleado a corta distancia por dos asesinos que escaparon. Ramos fue asesinado en momentos en que los trabajadores estaban celebrando lo que parecía una resolución negociada al conflicto.

La UITA escribió a la Presidenta de Filipinas Gloria Macapagal-Arroyo para decir que no será suficiente otra investigación policial de rutina sobre la violencia. El secretario general de la UITA, Ron Oswald, escribió que "dado el fracaso de la investigación realizada sobre la violencia ocurrida en noviembre del 2004, la investigación del asesinato de Ramos debe ser conducida de manera enteramente diferente si ha de tener credibilidad a nivel interno y en el exterior, donde la opinión internacional está conmocionada por la aparente pasividad de su gobierno ante la persistente violencia en torno a los conflictos en las relaciones laborales. Para que se haga justicia, una investigación verosímil del asesinato de Ricardo Ramos debe involucrar la participación de expertos judiciales independientes y experimentados defensores de los derechos humanos. Debe ser abierta, transparente y estar facultada para investigar, sin impedimentos, toda la evidencia disponible, testigos e hipótesis, incluida la posible participación de la policía o militares en el asesinato."

Ninguno de los dos sindicatos involucrados en la disputa está afiliado a la UITA.